El recién aprobado Anteproyecto de Ley Reguladora para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) supone el cambio de esta herramienta de ahorro, que se remonta a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987, con el objetivo de lograr su expansión entre trabajadores y empresas a niveles europeos. En países como Alemania, este modelo de ahorro conjunto empresa-trabajador es utilizado por el 50% de la población, mientras que en España apenas alcanza el 10%.
Con este objetivo, se rebaja los beneficios de los Planes de Empleo individuales y se mejora las ventajas que se logran los PPE, en respuesta a la recomendación 16 del Pacto de Toledo y a las consideraciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de este 2022, tal y como se recoge con la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para este año.
Los Planes de Pensiones de Empleo es la iniciativa que promueven empresas o instituciones para sus empleados que generan una bolsa de ahorro en la que participan ambos y que pretende ser un suplemento a la pensión pública tras la jubilación. La intención, por parte de las empresas, es lograr establecer incentivos para sus empleados o retener el talento, evitando su fuga a otras empresas, gracias a estas aportaciones.
Las modalidades de los PPE son tres. El de Aportación Definitiva, donde la cantidad que se aporta está fijada previamente, aunque las prestaciones en el futuro no; la Prestación Definitiva que, al contrario que la anterior, se fija la cuantía de las prestaciones a futuro, en base a diferentes criterios como la antigüedad o el salario. Y una última opción que es la modalidad Mixta, donde se define claramente la cuantía de la aportación y de la prestación.
Para incentivar su desarrollo en las empresas, se ha elevado en este Anteproyecto de ley la cuantía máxima deducible, que alcanza en el caso de ser trabajador a cuenta ajena los 10.000 euros, una base imponible superior a la de los Planes de Pensiones individuales, en cuyo caso se ve reducida a los 1.500 euros.
En el caso de los trabajadores autónomos, la deducción anual a la que tendrán derecho será de 5.574 euros, el triple del actual modelo hoy vigente.
Para las empresas, que vienen reclamando más bonificaciones, verán como sus contribuciones no cotizarán a la Seguridad Social con un límite de 115 euros por trabajador, un total de 1.380 euros anuales, que representa un ahorro de 400 euros por trabajador en comparación a la normativa vigente.
Aportaciones en sus tramos
El Anteproyecto, que puede sufrir modificaciones a lo largo de su tramitación parlamentaria, incluye diversas opciones en función de lo aportado por la empresa. Por ejemplo, si la empresa aporta menos de 500 euros, el trabajador podría aportar hasta un máximo de 1.250 euros
Si la empresa contribuye entre 500 euros y 1.000 euros, el trabajador sólo podría suplementar con el doble de lo aportado por la empresa, es decir, con un techo de 2.000 euros, y la deducción máxima quedaría en 4.500 euros anuales. En aquellos casos donde la empresa aporta 2.000 euros o más, el trabajador tendría como límite la misma cantidad consignada por la empresa para este fin, y la deducción anual se elevaría hasta los 5.000 euros. El límite como deducción máxima está fijado en 10.000 euros, lo que significa que estaríamos ante el caso donde la empresa aportaría 5.000 euros al PPE y el trabajador idéntica cantidad.
