Las cuatro leyes previstas que condicionarán a las empresas

La agenda legislativa que el Gobierno de España pretende poner en marcha este último cuatrimestre de 2021 la entrada en vigor de cuatro normas con rango de ley que, en el caso de que logre la luz verde parlamentaria, tendrá una fuerte afección en el tejido empresarial a partir del próximo 2022. Controlar las claves que plantea es la mejor manera de dominar el escenario para un próximo ejercicio que, aunque se prevé expansiva tras los meses de crisis generada por la pandemia, no están exentos de ciertos riesgos.

La Reforma Laboral. Existe una exigencia de la Comisión Europea por establecer algunos cambios normativos que hagan más flexible la capacidad de contratación y despido en el mercado laboral, pero al mismo tiempo hay unos compromisos electorales de los partidos del gobierno que plantea la derogación del actual texto de 2012.

Bruselas reclama a España la simplificación de los tipos de contratos hoy vigentes, que se tienda hacia una mejora de la negociación colectiva actualizándola a los modos del resto de socios comunitarios, así como establecer una reactualización de las bonificaciones por contratación que hoy están disponibles.

Por su parte, el Gobierno plantea una reforma que – en principio- establezca como herramienta estable los ERTE, como opción a los despidos colectivos; plantea limitar la utilización del contrato temporal, potenciando las contrataciones como fijos discontinuos e introducir cambios en las condiciones de trabajo (horario, retribución, etc…), previas a la decisión del despido en situación de crisis.

El futuro de muchas empresas, cuyos ERTEs están próximos a su finalización, dependerá en cierta medida de si se aprueba o no esta norma y, sobre todo en sus condiciones. Estar atento a lo que se plantea es fundamental para establecer estrategias en materia laboral de cara a 2022.

Ley Concursal. Aunque el texto refundido en vigor de esta norma apenas tiene un año de vida, ya existe un Anteproyecto de la Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, como compromiso de España a trasponer la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

El plazo de audiencia pública de este Anteproyecto terminó a finales de agosto, lo que supone un paso más hacia su aprobación.

Hay dos elementos que están avivando el debate entre los agentes implicados y los impulsores de la norma. De una parte, la configura de la figura del administrador concursal, que no será obligatorio en el caso de que afecte a autónomos y micropymes. Por otro lado, el refuerzo que se establece a la administración pública (Hacienda y Seguridad Social) como entes privilegiados en el cobro en los procesos como acreedores.

Sin lugar a dudas, disponer con tiempo de esta norma antes de que termine la moratoria de los ERTEs, fijada a finales de 2021, y conocer los cambios será fundamental para el curso y las estrategias de muchas de las empresas que están esperando al próximo año para tomar decisiones de calado sobre su futuro.

Ley de Creación y Crecimiento de Empresas (Ley Crea y Crece). El Consejo de Ministros ya dió el primer paso con la presentación del Anteproyecto de ley, una norma que pretende impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión a través de la reducción burocrática en su formalización y en la gestión de la misma. Se trata, en espíritu, de eliminar obstáculos actuales de las empresas, proteger mejor ante los casos de morosidad comercial y generar nuevos canales de apoyo financiero.

Sin duda, se crea un nuevo marco que debe ser controlado para tratar de beneficiarse de aquellas ventanas de oportunidad que genere y que permita establecer estrategias de defensa ante eventuales vaivenes y contratiempos. Para ello, la previsión de la norma es extender la obligatoriedad de la factura electrónica entre empresas y autónomos.

En otro orden de cosas, genera un modelo de creación de empresas ágil y barato, donde las Sociedades de Responsabilidad Limitada podrán con un capital social de un euro frente a los 3.000 actuales.

Presupuestos Generales del Estado. Esta norma, cuyo borrador suele estar disponible a finales de septiembre, es la que determina los cambios o introducción de nuevas figuras fiscales para el próximo año. Aprovechar estos meses para optimizar el compromiso fiscal de las empresas es fundamental, bajo las premisas de los cambios que el Gobierno introduce vía PGE.

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