Nuevas medidas concursales y societarias para hacer frente a la situación generada por el Covid-19

La pandemia del Covid-19, y la consiguiente declaración del Estado de Alarma con sus repetidas ampliaciones, ha supuesto la modificación de plazos y mecanismos de ejecución de determinados procesos judiciales en todos los ámbitos. La decisión del Gobierno, fruto de los acuerdos del Consejo de Ministros del 28 de abril, trata de adecuar esta situación a la realidad de las necesidades de empresas y ciudadanos.

Entre los cambios introducidos se encuentra la consideración de días hábiles para todas las actuaciones judiciales de carácter urgente el periodo comprendido entre el 11 y el 31 de agosto de 2020.

Además, deberemos tener en cuenta que los términos y plazos previstos en las leyes procesales suspendidas por el Real Decreto 463/2020 que declaró el Estado de Alarma volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.

En materia de tramitación de la impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo recogido en el Real Decreto-ley 8/2020, se establece que se tramiten conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo cuando versen sobre las suspensiones y reducciones de jornada y afecten a más de cinco trabajadores.

Uno de los aspectos más relevantes del Real Decreto Ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia afecta a las medidas concursales y societarias.  Estos son los nuevos cambios más relevantes:

1.Durante el año siguiente a la declaración del Estado de Alarma, el concursado podrá presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de cumplimiento.  

2.Se aplaza durante un año, desde la declaración del estado de alarma, el deber de deudor de solicitar la apertura de la fase de liquidación que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no pueda cumplir, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio.

3.Se permite a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud sin necesidad de que haya transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.

4. Se establece un régimen especial de la solicitud del concurso de acreedores en virtud del cual las empresas que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas desde el estado de alarma

5. Con la misma finalidad de garantizar la continuidad de la empresa, se suspende la causa de disolución por pérdidas prevista en el artículo 363.1 de la Ley de Sociedades de capital. En este sentido, no se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020 a los efectos de la concurrencia de la causa de disolución.



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