
La crisis de la COVID-19 ha afectado de igual manera a empresas con dificultades arrastradas como a aquellas que disponían de un desarrollo más estable. La paralización casi global de la economía ha hecho saltar por los aires muchas previsiones, planificaciones y sistemas de organización de muchas empresas, especialmente Pymes. El impacto más duro para las empresas ha sido en la relación de ingresos y pagos, que ha llevado a situaciones especialmente delicadas a muchas sociedades que se ven sometidas a importantes tensiones en cuanto al requerimiento de sus compromisos de pago.
La norma, como siempre, es pensar, analizar y reflexionar sobre qué opciones tenemos ante una situación sobrevenida por la falta de músculo financiero para hacer frente a los pagos de los proveedores. Al mismo tiempo, debemos analizar sobre nuestra capacidad de generar ingresos para hacer frente a las deudas a corto o medio plazo, es decir, si nuestra tesorería será capaz de responder los compromisos arrastrados.
Como guía básica debemos dar pasos muy básicos. Debemos comenzar por analizar la estructura de la naturaleza de la deuda, por ejemplo si ésta es financiera o con entidades públicas. O si se trata de proveedores privados, por ejemplo. En ambos casos, se recomienda la negociación individual que limite el impacto de esta deuda y logre acuerdos sostenibles y viables en el tiempo. Al mismo tiempo, es necesario observar en todo momento si esta deuda es causa o no de un concurso necesario, puesto que su presentación condiciona todos los pasos anteriores y los previos. En último extremo, quedará la salida del pre-concurso y futuro concurso de acreedores.
Una vez analizado el punto de partida de nuestra deuda, y en el caso de tener claro que podemos hacer frente a los pagos a corto o medio plazo como fruto de la reanudación de nuestra actividad una vez abiertos los mercados, habrá que ir ordenando la secuencia de pagos en función con nuestra capacidad de ingresos.
Previamente, ya hemos analizado la naturaleza de la deuda para saber si se trata de un único proveedor y varios proveedores diferentes, instituciones financieras u organismos públicos, así como si son grandes cantidades o pequeñas cantidades muy repetidas en diferentes acreedores.
En estos últimos casos, es necesario comenzar a acordar con cada uno de ellos un calendario de pago, vía negociación, para evitar la judicialización de la relación y asegurar una salida, tanto para el que reclama la deuda como para la empresa que mantiene como objetivo su supervivencia. Todo acuerdo en este sentido es necesario plasmarlo en un acuerdo privado, que requiere del asesoramiento y tutela de un profesional para evitar situaciones enojosas en un futuro.
Otro elemento esencial es la existencia o no de causas de concurso necesario, es decir, si sobre la empresa hay demandas que conduzcan al embargo de los bienes o que acumule tres cuotas impagadas de la Seguridad Social o de Hacienda porque en este caso nos puede condicionar el resto de acuerdos con otros proveedores.
Si los deudores son bancos, se debe negociar también de manera individual, pero en este caso se puede homologar judicialmente, porque así tenemos la ventaja de que tenga efectos sobre terceros. Este proceso requiere llegar a un acuerdo con una mayoría de los acreedores financieros y contar con un experto independiente que articule el proceso.
Cómo última alternativa en la que lograr una solución de viabilidad de la empresa queda la presentación del pre-concurso, una decisión que nos ofrece cuatro meses de tiempo con el que ordenar las salidas más ventajosas antes del concurso de acreedores que permite dar salida a nuestra empresa en cualquiera de las opciones previamente analizadas y estudiadas.