Aunque los indicadores macroeconómicos hablen de estabilidad, quienes trabajamos día a día con empresas, y sobre todo con pymes, percibimos otra realidad.
Prueba de ello es que el paro vuelve a subir en más de 22.000 personas en octubre, empresas como Nestlé y Amazon, aun siendo empresas solventes y de referencia, han anunciado despidos importantes en sus plantillas.
En el ámbito de la PYME estamos comprobando cada día con más recurrencia cómo la falta de liquidez y el encarecimiento del crédito terminan convirtiéndose en un freno real: se retrasan pagos a proveedores, se tensiona la plantilla y se complican las relaciones con entidades financieras.
Los números generales pueden tranquilizar, pero la gestión cotidiana demuestra una presión que no deberíamos subestimar.
Si recordamos la crisis de 2008, aquel fue un escenario extremo: se cerró el crédito, el sector inmobiliario colapsó y muchas empresas solo encontraron en el concurso una salida, con los costes humanos y económicos que ello implicó. Por aquel entonces, el concurso era la vía casi única, pero su tramitación resultaba larga y, con demasiada frecuencia, concluía en liquidación.
Hoy la foto ha cambiado. No estamos en una crisis sistémica como la de entonces, pero sí afrontamos lo que yo llamo una crisis de márgenes: los costes energéticos, la presión fiscal y la incertidumbre en los mercados elevan el riesgo operativo. Por eso, desde mi experiencia profesional, insisto: anticiparse no es una opción, es una obligación para quienes gestionan empresas.
La reforma introducida por la Ley 16/2022 y los planes de reestructuración que contiene (arts. 583 y ss. del TRLC) suponen una herramienta práctica y poderosa. Permiten negociar con los acreedores medidas como quitas, esperas, capitalizaciones o reordenaciones del pasivo antes de que la insolvencia sea irreversible.
Lo importante es recordar que estos planes no requieren haber entrado ya en insolvencia: se activan en cuanto se prevén dificultades reales. ¿Por qué es esto relevante? Porque la reestructuración, bien planteada, da tiempo y margen para reorientar la actividad, reduce el coste reputacional y mantiene la confianza de los acreedores.
Dicho de otra manera: permite intentar salvar la empresa desde dentro, con control directivo y sin el estigma, y las consecuencias, de un concurso de acreedores. Cuando la reestructuración ya no es viable, el concurso de acreedores sigue siendo la herramienta jurídica adecuada para ordenar la situación: suspende ejecuciones, protege el patrimonio y permite, en determinados casos, la venta ordenada de unidades productivas o la entrada de nuevos inversores.
Pero conviene tener en mente la gran diferencia: la reestructuración es preventiva y controlada por la propia empresa; el concurso de acreedores sigue siendo una solución ordenada y no hay que descartarla, pero debe ser la solución cuando ha sido imposible el acuerdo de refinanciación de la deuda con acreedores.
Mi recomendación, basada en la experiencia de nuestra Firma, es clara: detecten las tensiones de tesorería cuanto antes, elaboren proyecciones realistas y pónganse a negociar. Contar con asesoramiento multidisciplinar (jurídico, financiero y fiscal) marca la diferencia entre una reestructuración eficaz o la pérdida irreversible de valor.
En definitiva: actuar a tiempo salva empresas.
Jesús Navarro. Director Departamento Jurídico.
