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NOVEDADES LABORALES PARA 2026

El año 2026 se presenta como un ejercicio especialmente significativo en materia laboral, con cambios ya aprobados y otros aún en fase de negociación que pueden tener un impacto directo tanto en las empresas como en las personas trabajadoras. A continuación, desarrollamos un breve resumen sobre las principales novedades y proyectos legislativos que conviene tener en cuenta durante este año.   Calendario laboral Mediante resolución de fecha 17 de octubre de 2025 de la Dirección General de Trabajo, se publicó la relación de fiestas laborales para el presente año 2026 donde se fijan los festivos nacionales, autonómicos y locales.   Incremento SMI El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT han acordado, sin la patronal, una subida del 3,1% respecto del año 2025, lo que sitúa el salario mínimo en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, o 1.424,50 euros brutos mensuales en 12 pagas con la intención de mantener la exención de tributación en IRPF. Además de lo anterior, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a modificar la legislación laboral actual a fin de evitar que la subida del SMI se pueda neutralizar mediante el mecanismo de absorción y compensación de complementos salariales, de forma que el incremento se vea efectivamente reflejado.   Aumento hasta 19 semanas de los permisos por cuidado de menor El permiso por nacimiento y cuidado de menor (antes conocido como prestación de maternidad y paternidad), aprobado en el año 2025 fue ampliado a 19 semanas (32 semanas en el caso de familias monoparentales), pudiéndose acoger al mismo, aquellas personas cuyos hijos nacieran a partir de 2 de agosto de 2024. Es decir, en el caso de las personas en las que el menor naciera en la precitada fecha, disfrutaran de 16 semanas siendo que, se ven beneficiadas de la medida adoptada por el Gobierno con la ampliación de 3 semanas, las cuales pueden ser solicitadas desde enero de 2026.   Posible reforma de las indemnizaciones por despido improcedente El comité Europeo de Derechos Sociales en el año 2024 concluyó que la legislación española no ofrecía la suficiente protección a las personas trabajadoras en caso de despido improcedente, al no cubrir adecuadamente los perjuicios sufridos por los trabajadores. En el año 2025 nuestro Tribunal Supremo limitó la posibilidad de que los Juzgados de lo Social reconociesen indemnizaciones más elevadas a las reconocidas normativamente a través de sus decisiones judiciales. Pues bien, a raíz de lo anterior, el Ministerio de Trabajo inició una negociación con los agentes sociales sobre la posibilidad de reformar la legislación actual a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los instrumentos internacionales ratificados (en particular la Carta Social Europea), donde se dispone que una indemnización en caso de despido improcedente debe ser realmente disuasoria y restaurativa.   Estatuto del becario En el mes de noviembre de 2025 se aprobó la propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido informalmente como “estatuto del becario”. La finalidad del mismo es, delimitar las actividades formativas y las estrictamente laborales, así como determinar el régimen jurídico de las personas durante el tiempo que desarrollan esta actividad formativa en una empresa, institución u organismo público o privado. Se espera que durante este año 2026 continúe la tramitación para la aprobación de esta Ley.   Posible reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales Se trata de una normativa que se encuentra en vigor desde hace más de 30 años, lo que ha supuesto que la misma se encuentre desfasada a las realidades laborales actuales pues no contempla por ejemplo la transformación digital, el teletrabajo, el envejecimiento de la población trabajadora o los riesgos psicosociales como un factor determinante de la salud laboral. La propuesta versa sobre cuatro pilares fundamentales como son la reorganización preventiva de las empresas, los riesgos psicosociales, la perspectiva de genero y diversidad generacional y los riesgos emergentes.   Si tienes alguna duda, podemos asesorarte.

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Pautas básicas sobre las vacaciones laborales

Uno de los aspectos más controvertidos es el cuadrante de vacaciones y la aplicación de criterios a la hora de ejercer este derecho. Es importante disponer de toda la información y tener claros determinados conceptos a la hora de gestionar la plantilla laboral y poder articularlo de manera más razonable posible y con el menor coste de personal entre ellos en aras de mantener un buen clima laboral. El derecho a las vacaciones anuales está recogido en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, donde se establecen las líneas básicas del mismo, que vienen a ser las siguientes: son retribuidas, no sustituibles por compensación económica, se deben fijar de común acuerdo entre empresario y trabajador, con una antelación mínima de dos meses desde el comienzo del disfrute y no inferiores a 30 días naturales. A partir de ahí se abren algunas cuestiones o dudas entre empresa y trabajador. En muchos casos se abre la posibilidad de permutar las vacaciones por una compensación económica, pero el legislador lo deja bien claro: al tratarse de un derecho irrenunciable esa posibilidad no cabe y sólo lo hace posible en el caso de la extinción, por la causa que sea, de la propia relación laboral. En estos casos, se podrá compensar económicamente, y en proporción al tiempo trabajado, los días resultantes, tanto para la plantilla fija, los fijos discontinuos o los temporales, incluidos aquellos que llegan vía una ETT. Periodo mínimo El periodo mínimo de vacaciones es innegociable, 30 días naturales, que sí pueden ser ampliados a través de los Convenios Colectivos. Estos 30 días naturales – o un mes según se establece en algunos convenios – se genera bajo el principio básico de computar 2,5 días de vacaciones por cada mes trabajado en la empresa. El disfrute de estas vacaciones, por término general y si no hay acuerdo expreso diferente, debe corresponder al año natural, es decir, entre el 1 y el 31 de diciembre. En cualquier caso, la norma establece que debe ser acordado por ambas partes, sin que en ningún artículo legal esté establecido el principio de 15 días a criterio de la empresa y 15 por decisión del trabajador. El trabajador conocerá el cuadrante de vacaciones, al menos, con dos meses de antelación de su disfrute. Generación de derecho a vacaciones Hay situaciones sobrevenidas que en nada afectan al derecho a disfrutar de las vacaciones, aunque el empleado no haya estado en activo. Se refiere a aquellos trabajadores que hayan estado de baja médica por incapacidad temporal, además de los casos de enfermedad o accidente, donde en ningún caso se pierde el derecho a las vacaciones. Lo mismo ocurre en los casos donde el trabajador cuenta con el disfrute de los derechos de maternidad o paternidad, está afectado por un ERTE suspensivo (aunque el devengo sí se ve alterado) o de reducción de jornada o una reducción de jornada por guarda legal. En estos casos, una vez que la situación se solvente, el trabajador podrá disfrutar de las vacaciones que le correspondan.

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Cómo evitar los despidos improcedentes: estableciendo periodos concretos de prueba

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha establecido en su sentencia 270/2023 del 12 de abril, los requisitos necesarios para acotar con claridad los efectos y la validez del denominado ‘periodo de prueba’, espacio de tiempo donde el trabajador recién contratado está en periodo de examinación sobre sus capacidades y validez para el puesto laboral que se le ha atribuido, y donde la decisión de la empresa de prescindir de él en el caso de no cumplir las expectativas está amparada. La sentencia da la razón a una trabajadora que fue contratada de manera temporal como jefa de administración por un despacho de arquitectura el 22 de julio de 2020 hasta julio de 2021. En este caso, la empresa contratante no estableció periodo de prueba alguno indicando en su contrato que “se establece un perlado de prueba …. S/C…”.  Bajo estas premisas, la empresa procedió al despido el 4 de diciembre de 2020, argumentado su decisión al estar el “contrato de trabajo en fase de período de prueba”. La trabajadora recurrió esta decisión ante la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que desestimó el recurso de suplicación en su sentencia nº 333/2022 de 15 de febrero. La trabajadora justificó su recurso ante el Tribunal Supremo acogiéndose a los límites temporales establecidos en artículo 14  del Estatuto de los trabajadores y aludiendo a la posible contradicción entre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº 333/2022 de 15 de febrero, y la sentencia del Tribunal Supremo del País Vasco nº 333/2022 de 15 de febrero que, en circunstancias similares, declaró nulo el despido. En base a ello, el Tribunal Supremo da la razón a la trabajadora recordando parte de los argumentos esgrimidos en la sentencia de 2019, en la que se apuntaba que “el trabajador tiene derecho a la fijación por escrito de la duración exacta del periodo de prueba. La razón es que, durante el mismo, cualquiera de los contratantes está facultado para desistir del contrato, sin derecho a indemnización alguna, consecuencia particularmente grave para el trabajador”. Es cierto que tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Convenio Colectivo del sector de la Construcción de Bizkaia establece periodos máximos para el tiempo de prueba, pero, aun así, es necesario fijar fechas concretas para ofrecer seguridad al trabajador y claridad al contrato. La sentencia de referencia de 2019 alude a que el artículo 14.1 del Estatuto de los Trabajadores “impone un requisito formal: el periodo de prueba debe concertarse por “escrito» y añade que “deberá consignarse su duración porque el periodo de prueba tiene unos límites de duración establecidos que han de respetarse y que son los establecidos en los convenios colectivos y, en su defecto, en el propio artículo 14.1 del ET”. Con esta argumentación y demostrado que no se fijó un periodo concreto de prueba para la trabajadora demandante, la Sala de lo Social ratifica que “se ha vulnerado el derecho de la trabajadora a la fijación por escrito de la duración exacta del periodo de prueba, lo que le creó una grave inseguridad jurídica en relación con el alcance de una cláusula contractual que permitía la extinción ad nutum (a voluntad) del contrato de trabajo, sin indemnización alguna. Por ello, al carecer de validez el periodo de prueba, la extinción del contrato de trabajo constituye un “despido improcedente”, según se argumenta en la sentencia del alto tribunal. Por tanto, el fallo de la sentencia establece que se reincorpore a la trabajadora en el mismo puesto laboral del que fue despedida o que se establezca como indemnización la cantidad de 1.131, 65 euros, más lo salarios no percibidos en este periodo.

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La obligación empresarial de informar al trabajador de su derecho a disfrutar de sus vacaciones

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid aborda en su sentencia 1020/2022 de fecha 25 de noviembre de 2022, la controvertida cuestión del derecho de vacaciones y sobre su prescripción cuando no se disfrutan en el año natural al que corresponde. En el caso concreto que dirime esta sentencia se analiza la situación de un empleado de un restaurante que comenzó a trabajar en marzo de 2019, entró en ERTE en marzo de 2020 y fue despedido en 2021 por causas objetivas. En ningún momento de la relación laboral disfrutó de su periodo de vacaciones, y es ahora cuando el alto tribunal madrileño accede a su reclamación y le concede el derecho a ser resarcido económicamente por esta cuestión. En concreto, lo que hace la sentencia es definir el ámbito de aplicación del artículo 38.1 del Estatuto de los Trabajadores que limita el derecho del trabajador cuando no disfruta del periodo vacacional en el año natural que le corresponde. Este artículo, a juicio del magistrado ponente de la sentencia, no puede aplicarse de manera restrictiva y está condicionado a algunas consideraciones básicas. Se entiende por ello la falta de diligencia por parte del empresario, exigida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de velar por el disfrute de las vacaciones de su empleado, incitándole formalmente a hacerlo e informarle de manera precisa y oportuna para asegurar el cumplimiento de la finalidad de descanso y ocio. Todo ello se relata en su argumentación, cuando afirma que el trabajador deberá ser damnificado “en aquellos supuestos en que el empresario no prueba haber actuado con diligencia debida velando de manera concreta y transparente para que el trabajador pueda efectivamente  hacerlo, e informándole de manera precisa, transparente y oportuna para asegurar que tales vacaciones sigan pudiendo garantizar al interesado el descanso y el ocio a los que debe contribuir”, según se recoge literalmente en la sentencia. Para el Tribunal Superior de Justicia, en este caso está acreditado que la “empresa no demostró” haber informado, máxime cuando no llegó a comparecer en el juicio para explicar su postura y decisión. Por lo tanto, determina que el trabajador tiene derecho a percibir una compensación por las vacaciones no disfrutadas. Puesto que en 2019 no fue informado de su derecho de vacaciones, en 2020 se encontraba incluido en un ERTE y en 2021 fue despedido antes de volver a incorporarse. Así pues, el fallo determina el derecho a recibir la prestación compensatoria por no disfrutar de su derecho a las vacaciones con un recargo de demora del 10%, al tiempo que recuerda que la empresa tiene la obligación de comunicar al empleado los días de vacaciones que tiene pendientes de disfrutar.

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