5 de febrero 2016
En la salida a Bankia de 2011 se produjeron graves irregularidades que afectaron a muchos inversores, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos bursátiles de la historia financiera española, por la dimensión y volumen de la operación y por los personajes que acudieron a la “opereta”.
En aquella operación, dirigida a reflotar y capitalizar una entidad, se vistió a Bankia con un traje a medida que era falso. Estos hechos los denunciamos en su día, a raíz del escándalo de las preferentes, y llevamos ante los tribunales a Bankia por la salida a Bolsa, utilizando los argumentos que el Tribunal Supremo ha confirmado, la falsedad en el folleto informativo, elemento clave para conformarse una opinión sobre la acción.
Cuando denunciamos este escándalo hubo quien quiso diferenciar la situación de los ahorradores estafados con preferentes de los que quisieron invertir en acciones, por ser este un activo de riesgo podía entenderse que el inversor aceptaba la mala situación del Banco. Sin embargo nosotros entendíamos que si bien existen diferencias entre ahorrador e inversor, este último también tiene derecho a tutela judicial, y evidentemente, como se ha demostrado, había sido engañado con la colocación, mediante informes que falseaban la realidad financiera de la entidad.
Ahora el Tribunal Supremo ha confirmado esta tesis mediante una sentencia que resuelve dos recursos de Bankia, y de esta forma establece jurisprudencia. Además establece la opción de acudir a la vía civil sin necesidad de aceptar la prejudicialidad penal.
En su día el importe de la OPV ascendió a 3.092 millones de euros, de los que 1.852 millones correspondieron a inversores minoristas. El resto de la OPV se dirigió a inversores institucionales, y Bankia ya preveía en 2015 este revés en los Tribunales, por ello firmo un acuerdo con BFA, su matriz propiedad del Estado, para que afrontará los pagos derivados de estas sentencias hasta un total de 736 millones de euros, cantidad que esta provisionada, mientras BFA afrontará las cantidades que excedan de los 736 millones de euros hasta llegar a los 1.840 millones de euros.
Las opciones para los inversores son claras, con una acción que cotiza en torno a 90 céntimos, muy lejos de su precio de salida, los inversores tienen que reclamar a los Tribunales para que en Primera Instancia obtengan la devolución de las cantidades invertidas más el interés legal.
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Fco. Iniesta López Matencio
Dpto. Gestión Patrimonial GALAN CONSULTORES
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